La asociación de funcionarios de prisiones denuncia que, durante este puente de diciembre, han muerto cinco presos en varias cárceles españolas. Los trabajadores de estos centros aseguran que no es un hecho aislado y llevan años reclamando más personal para evitar casos como estos.

Durante los puentes son los propios enfermos los que se tienen que suministrar sus medicamentos sin la supervisión de un médico. Con consecuencias fatales, como afirma Elena Getino, portavoz de la plataforma ‘Tu abandono me puede matar‘: «A las personas que tienen problemas con las drogas se les reparte una bolsa de medicación para todos los días hasta que termina el puente. Por lo general no saben gestionar estas pastillas y se producen diferentes situaciones. Desde sobredosis… a trapicheos entre ellos».

El origen del problema, alertan las ONG, es el actual sistema sanitario en las cárceles españolas. Aunque debería estar en manos de las comunidades autónomas, sigue siendo Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior– quien se hace cargo de la sanidad de los presos.

6 años tarde

En 2003 se aprobó la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que pretendía transferir las competencias de salud penitenciaria a las comunidades. Aunque esa ley se ha quedado en una mera aspiración porque en los últimos 16 años solo dos autonomías han pasado a controlar la sanidad penitenciaria en sus territorios. Son Euskadi y Cataluña.

Los funcionarios de prisiones, sindicatos y algunos jueces y fiscales consideran que, con el sistema actual, existen graves desigualdades en el trato sanitario que recibe un paciente que está entre rejas, si lo comparamos con uno que está en liberad. «La sanidad penitenciaria vive un momento de agonía porque no estamos quedando sin profesionales», sentencia José Joaquín Antón Basanta, presidente de la sociedad española de sanidad penitenciaria.

Instituciones Penitenciarias no cubre con la oferta de empleo público anual las necesidades de personal médico, de enfermería y auxiliares. Más del 30% de las plazas de facultativos y el 25% de las de auxiliares de enfermería están vacantes en los centros penitenciarios y el déficit estructural de plantilla que se registra en los dos psiquiátricos penitenciarios es aún mayor.  Un claro ejemplo es el de la prisión de Daroca, en Zaragoza. Donde hay 2 médicos para atender a más de 400 reclusos. «Hay centros en los que hay tan pocos médicos que solo se atienden urgencias y no da tiempo a tratar patologías crónicas», apuntala.

Faltan médicos en las cárceles

A la falta de profesionales sanitarios en las cárceles se suman otros problemas. Como la diferencia de salario -mucho más bajo en el caso de los trabajadores de prisiones- y la falta de un relevo generacional dentro de la profesión. Según Manuel de Campos, portavoz del sindicato de profesionales sanitarios de prisiones «las plazas que salen no se llegan a cubrir porque no hay demanda de opositores para esas plazas».

Problema competencial

En las dos únicas comunidades donde sí está transferida la competencia, el resultado es bastante bueno. Antón Basanta habla de «éxito total» en el caso de Euskadi, que tiene transferida la competencia desde 2011. «Las prisiones del País Vasco funcionan bastante bien y por su puesto en las mismas condiciones que los centros de salud de la calle». Añade: «Hoy por hoy la sanidad penitenciaria catalana es de las mejores de Europa porque cuentan con los profesionales sanitarios suficientes».

Interior reconoce problemas

Instituciones Penitenciarias asegura que la atención sanitaria de los presos «está garantizada», aunque sí reconocen «problemas» por la falta de médicos. Los contactos con algunas comunidades autónomas para transferir la competencia sanitaria en prisiones está «bastante avanzada» en el caso de Navarra y Baleares.