La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado a todas las prisiones de España suspender las visitas y comunicaciones a los reclusos de familiares, amigos o abogados que procedan de las llamadas «zonas con transmisión comunitaria», que, según ha delimitado el Ministerio de Sanidad, son la Comunidad de Madrid y el País Vasco.
También ha instado a que no se realicen conducciones, traslados o salidas a diligencias judiciales de presos enfermos de coronavirus o sospechosos de estar contagiados, «salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias». Si se va a decretar la libertad de un caso confirmado o susceptible de serlo, habrá que comunicárselo antes a las autoridades sanitarias y judiciales para que sean ellos los que «determinen las actuaciones correspondientes.
En las 69 cárceles que existen repartidas por España están recluidos actualmente 58.369 presos –54.049 hombres y 4.322 mujeres– que conforman una población potencialmente muy sensible para el coronavirus. Basta que haya un caso positivo en uno de estos centros penitenciarios para que el Covid 19 se contagie al resto de presos o se extienda el caos, como ha ocurrido en Italia. Por eso, el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, está extremando las medidas y ha acordado un protocolo que, según detallan fuentes penitenciarias, se extrapola de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
La estrategia
Hay dos posturas en Interior respecto a las actuaciones que se pueden realizar. Una es partidaria de poner en marcha medidas extremas, como se están realizando en otros países, mientras que otra defiende que ser tan contundente puede tener efectos negativos como en Italia, donde seis presos han muerto en medio de revueltas en las cárceles. Uno de los motines comenzó en la prisión de Modena precisamente por las restricciones en el régimen de visitas por el virus.
En los últimos días, Instituciones Penitenciarias ha mantenido varias reuniones en el marco del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales para cerrar una estrategia contra el Covid 19 destinada a abordar actuaciones específicas para las plantillas. El sábado hubo un encuentro en Madrid y este lunes ha habido otro. Está previsto que el equipo vuelva a verse el miércoles 11 de marzo.
Actualmente hay una funcionaria de la cárcel de Aranjuez (Madrid), trabajadora técnica de jardín de infancia, que ha dado positivo a los análisis y se encuentra en el hospital con síntomas graves. Esto ha provocado que se hayan restringido las entradas y salidas de los dos módulos de madres, que se han puesto en aislamiento porque las reclusas han estado en contacto con la funcionaria enferma. Una de las internas y dos niños que están con fiebre alta y otros síntomas han sido más aislados de los demás y a la espera de que vaya la autoridad sanitaria a hacer la prueba.
Por otro lado, hay un preso italiano aislado en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), según fuentes sindicales. Se le ha aislado tras confirmarse que pasó por el aeropuerto italiano de Verona, en el norte de Italia. Está con fiebre y esperando a someterse a las pruebas.
Caos en Italia
En la cárcel de Módena, una revuelta terminó con seis reclusos muertos y un asalto a la enfermería. Las restricciones en el régimen de visitas, como parte de las nuevas normas italianas para frenar el contagio del coronavirus, han provocado motines simultáneos en 27 centros penitenciarios italianos. En un principio los presos pedían mantener las visitas de los familiares, prohibidas hasta el 22 de marzo, pero luego empezaron a reclamar más peticiones como centros menos sobrecargados o la posibilidad de quedarse en aislamiento domiciliario por el virus. El caos por la emergencia sanitaria está poniendo al límite el sistema penitenciario italiano.
En Pavía la revuelta fue sofocada en la noche del domingo, pero los presos hasta tomaron a dos policías rehenes y liberaron a varios detenidos. La fuga más impresionante, sin embargo, fue la de Foggia: un vídeo mostraba como decenas de reclusos salían ayer corriendo en pleno día. Según los medios italianos más de cincuenta se escaparon, 36 de ellos parados por las fuerzas del orden. El sindicato de la policía penitenciaria hablaba de números mucho mayores, más de 370 fugados y 70 atrapados.
Aunque el ministro de Justicia italiano, Alfonso Bonafede, dijo que la situación estaba bajo control, también afirmó que estaba dispuesto a negociar sobre las condiciones de las prisiones, pero las revueltas debían acabar. El Gobierno italiano ha permitido a los reos hacer llamadas por videoconferencia y más llamadas regulares durante la emergencia, pero parece que no les basta. “También lo tienen que tener los reclusos de alta seguridad”, decía el garante de los detenidos, Mauro Palma. La situación es tan delicada que el dirigente del Partido Demócrata Franco Mirabelli ha propuesto que los presos que están a punto de cumplir su pena puedan completarla en arresto domiciliario para evitar problemas de hacinamiento.
