La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) envió el miércoles 13 de mayo a todas las cárceles las instrucciones para la desescalada, entre ellas la reducción a dos personas del número de visitantes por preso en las comunicaciones que ya desde este 14 de mayo podrán restablecerse. Los reclusos han recibido la noticia con alegría aunque los trabajadores penitenciarios lo han hecho con recelo. A partir de este jueves las cárceles irán retomando la normalidad de forma  paulatina y gradual, en las provincias que ya encuentren en la fase 1 o 2. 

Se trata del desarrollo de la orden del Ministerio del Interior, publicada el miércoles, para la flexibilización de las medidas adoptadas a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. A partir de hoy,  se autorizan las comunicaciones por locutorio con familiares, amigos, abogados, profesionales externos para actividades autorizadas, letrados de los servicios de orientación jurídica y ministros de culto, siempre que el comunicante provenga de la provincia o el territorio sanitario en la que se encuentre el centro penitenciario.

Los internos acudirán a comunicar siempre que no exista impedimento desde el punto de vista clínico o sanitario y se reduce el número de visitantes a dos personas por comunicación. Asimismo, será obligatorio el uso de mascarillas y guantes y no se permitirá el acceso a aquellas personas que presenten síntomas de infección respiratoria. Para favorecer el distanciamiento social, se reduce al 50 por ciento el uso de los locutorios que, sin embargo, se podrán utilizar durante 6 días a la semana, mañana y tarde, y serán desinfectados después de cada comunicación.

Permisos y traslados

Prisiones reanudará los permisos ordinarios, extraordinarios y salidas programadas, siempre de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria, pero se revisarán los permisos ordinarios pendientes a efectos de autorizar aquellos que vayan a disfrutarse en el ámbito geográfico en el que esté permitida la movilidad. Se facilitará mascarilla a los internos y se recabará su consentimiento expreso para permanecer en cuarentena durante 14 días –o el tiempo que determine el personal sanitario- a su regreso al centro.

Por otro lado, se autorizarán los traslados requeridos por autoridades judiciales, los derivados de cuestiones sanitarias y los que obedezcan a razones excepcionales o causas de fuerza mayor. Los internos también en estos casos portarán mascarilla. No se procederá al traslado de ningún interno que se encuentre en módulo en cuarentena o internos aislados por sospecha de COVID-19. Se retomarán gradualmente aquellas actividades educativas, formativas, terapéuticas o culturales que realizan los profesionales de la administración penitenciaria y que quedaron suspendidas durante la crisis sanitaria.

Según Prisiones, el rápido cierre de las prisiones al exterior, días antes de la entrada en vigor del estado de alarma, ha redundado en que el impacto de la COVID-19 entre los reclusos sea aproximadamente 4 veces inferior al de la población general. El número total de internos con test positivo es de 60, de los que 15 ya tienen alta hospitalaria. Esto supone que la tasa de afectación sea algo superior a 1 por mil internos, mientras que entre la población en general es de 4,3. Dentro del colectivo de trabajadores, cuatro funcionarios de los centros de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel han fallecido, mientras que 258 trabajadores han dado positivo al coronavirus, de los cuales 163 ya han recibido el alta.

Recelo

Desde la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) se preguntan:» ¿Se van a retomar las clases presenciales cuando están suspendidas en todo el país?, ¿vamos a asistir al trasiego de personal externo todos los días cuando es un posible foco de contagio?, ¿es tan importante reabrir los talleres productivos o nuevamente el criterio económico prima sobre el sanitario?». Aseguran que a día de hoy en la mayoría de las cárceles no cuentan con equipos de protección homologados ni se han realizado los test necesarios para confirmar posibles casos. «Esta orden ministerial viene a romper la barrera sanitaria que a duras penas y gracias al esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores penitenciarios habíamos construido en las prisiones españolas», señala TAMPM en un comunicado y recuerdan que el COVID-19 se ha cobrado la vida de dos internos y cinco funcionarios.

Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones también manifiestan su inquietud ante esta decisión: «Las dudas y la preocupación nos surgen a los profesionales penitenciarios que somos los que tenemos que acudir a nuestro lugar de trabajo y no sabemos si se producirá con las garantías necesarias. Hemos sacado adelante estas semanas tan duras con una profesionalidad que se puede tachar de excelente a pesar de la falta de medios adecuados. Parece que hay prisa por abrir las prisiones, por lo que pedimos que se haga con sentido común, responsabilidad y los medios adecuados para abordar esta desescalada», señalan.