Unos 5.500 presos en tercer grado están cumpliendo condena en su casa con control telemático debido a la pandemia del coronavirus. Con la desescalada en marcha, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cree que, analizado caso por caso, la mayoría podrá seguir en esta situación. El Ministerio del Interior pide a los 13 centros de inserción social (CIS) y 23 secciones abiertas de prisiones, donde cumplen su pena los reclusos en semilibertad- que cada prisión analice la situación de cada uno de ellos y, salvo en el caso que se haya constatado que han incumplido «las condiciones impuestas» o hayan manifestado «su incapacidad para vivir» en régimen abierto, se les mantenga en su actual situación para minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad.

Antes de declarar la pandemia, había 2.598 en esta situación, mientras que otros 4.600 tenían que acudir a dormir a la cárcel de lunes a jueves. Tras el estallido de la pandemia, Instituciones Penitenciarias facilitó que otros 3.000 se sumaran a los primeros, hasta que la cifra de los que gozaban de este beneficio ascendió a 5.579 a mediados de abril, el 77% del total. Interior ya flexibilizó  la semana pasada el aislamiento en las cárceles situadas en provincias en fase 1 del desconfinament para los presos en régimen cerrado, por los que se autorizó las visitas a locutorio de familiares, amigos y abogados, así como algunos permisos.

La nueva instrucción de Interior vuelve a dejar en manos de la junta de tratamiento -el órgano formado por profesionales que decide la clasificación penitenciaria de los reclusos y, por tanto, el competente para adoptar esta medida- la situación de todos estos reclusos, sobre los que se tendrá que hacer un «estudio individualizado» una vez que las provincias en las que están situados los centros penitenciarios pasen a la fase 1 de la desescalada (por ahora, sólo siguen en fase 0 las cárceles de Madrid, Barcelona y Castilla y León). Instituciones Penitenciarias recalca que «la filosofía básica de trabajo» será mantener en su situación actual a «los internos que a lo largo de la crisis sanitaria hayan mostrado capacidad suficiente para respetar las normas de cumplimiento impuestas durante la misma».

Videollamada: la iniciativa que ha llegado para quedarse

Interior quiso aliviar los problemas que provoca el aislamiento que, ya de por sí, sufren los presos, que ahora han tenido prohibidas las visitas, los vis a vis y otras actividades por la pandemia. Y para este alivio se aumentó el número de llamadas a las que tienen derecho y se implantó la videollamada. «La verdad es que de todas las medidas adoptadas, esta ha sido la de mayor aceptación, como así lo reconocen los directores, los funcionarios y las ONG», resalta Ortiz, tras explicar que se han repartido 230 teléfonos entre los centros para que los reclusos «se puedan ver con sus familias».

Una buena acogida de una medida que Prisiones quiere que continúe y se convierta en una nueva modalidad de comunicación. Para ello, Ortiz ve necesaria una reforma del reglamento, pero como ésta «puede ser un poco lenta», apunta la posibilidad de habilitar este sistema a través de una instrucción, una vez llegue la nueva normalidad. Antes, Prisiones afronta el proceso de la desescalada en las cárceles de los territorios en fase 1, donde ya este fin de semana se iniciarán las comunicaciones ordinarias en locutorio, pero reducidas al 50% y con los requisitos del uso obligatorio de máscara y guantes. Hasta ahora, se han distribuido 400.000 mascarillas y se están tramitando otros contratos para ampliar este número, señala Ortiz.