A las mujeres encarceladas por haber sufrido emergencias obstétricas en El Salvador -penalizadas bajo el delito de homicidio por aborto involuntario- se les ha negado ver a sus familias con la excusa de la pandemia. Desde hace al menos nueve meses, las organizaciones de derechos humanos que siguen sus casos están pidiendo que el país tome medidas urgentes para garantizar sus derechos, pero el Estado no las ha escuchado. El pasado jueves 3 de diciembre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), volvieron a exponer lo que están padeciendo las detenidas en el país centroamericano.

Ha sido imposible que haya distanciamiento en las cárceles de El Salvador, que están entre las más hacinadas del mundo, y la alteración en el régimen de visitas -que es la forma en que algunas reciben elementos de aseo y medicinas- ha empeorado las condiciones de estas mujeres, muchas detenidas injustamente, dice Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. “En estos meses de pandemia hemos pedido que se estudien sus casos y que se les otorgue libertad condicional, pero no han querido escucharnos”, denuncia.

Derechos Humanos

El 10 de diciembre se celebra todos los años el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948.  Los derechos humanos, son derechos inalienables y que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Actualmente existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se defiende el derecho a la vida, la libertad, a la educación, al trabajo y muchos otros más, que deben ser respetados sin que exista discriminación alguna.

Sin embargo, todavía existen grandes injusticias en este mundo. Los reclamos de los grupos de derechos humanos no han sido atendidos y tampoco se ha cumplido con una sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador que en julio pasado ordenó una revisión urgente de los expedientes de 14 mujeres detenidas por abortar, indicar cuáles son sus condiciones de salud y explicar por qué se les ha prohibido que se comuniquen con sus familias. «Las restricciones indebidas al régimen de visitas o la incomunicación coactiva pueden llegar a constituir formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señaló el tribunal, que cuestionó la inoperancia del sistema judicial ante las solicitudes de las que han cumplido el tiempo en prisión necesario para lograr beneficios carcelarios.

Sistema judicial duro

La población penitenciaria en El Salvador ha aumentado de 7.800 en el año 2000 a más de 36.600 este año y la CIDH ya ha mostrado su preocupación por lo que se vive en los reclusorios de ese país. En diciembre de 2019 aseguró que, tras una visita, había constatado “graves violaciones de derechos humanos”. El pasado abril alertó sobre el riesgo al que estaban expuestos los detenidos con las medidas que se estaban decretando para atajar la covid-19. Este miércoles, la CIDH ha vuelto a poner los ojos en las prisiones de El Salvador, particularmente en la situación de las mujeres. “Hemos planteado que se incluya el enfoque de género porque en este país muchas están procesadas sin haber cometido ningún delito, por problemas de salud como lo es una complicación obstétrica”, dice Morena Herrera.

El Salvador es uno de los seis países de América Latina donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Tiene uno de los sistemas judiciales más duros con las mujeres, que terminan siendo perseguidas por una justicia que no entiende de complicaciones durante el embarazo y las condena con penas de hasta 40 años. “Ahora más que nunca, especialmente en una pandemia que pone la vida en riesgo, exhortamos a la CIDH para que siga abogando y presione a El Salvador para liberar a estas mujeres injustamente encarceladas”, pide Herrera, una vez más.

En deuda con todas

En deuda con todas es un documental social con un objetivo político: llamar la atención sobre la vulneración de derechos que sufren las mujeres salvadoreñas y contribuir, así, a la lucha de los colectivos feministas que -dentro del país centroamericano- exigen una legislación que no vulnere los Derechos Humanos de la mitad de la población y que se garantice el acceso a una salud sexual y reproductiva libre de prejuicios ideológicos. Especialmente, para las niñas y las adolescentes más vulnerables.