Mónica Gaetano lleva casi cuatro años en prisión preventiva. Mientras espera una sentencia donde cree que la declararán inocente, ha estudiado como reclamar la reparación económica por los años entre rejas. Hace casi diez años que está en situación de privación de libertad. Cumplió condena durante siete años, pero después continuó cerrada en un CIE y en la prisión preventiva. ¿Quién le devolverá el tiempo perdido?

(Artículo de Temps Mort)

40 días al CIE y 3 años en prisión preventiva: «Es una pesadilla»

El Estado tiene que indemnizar las personas inocentes en prisión preventiva pero es una reparación que casi nunca llega

«Es una pesadilla, el trato es inhumano», explica Mónica Gaetano cuando recuerda como acabó en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Valencia. El año 2014 abandonaba Wad-Ras después de 7 años de condena por un delito contra la salud pública.

Su objetivo era rehacer la vida y encontrar un trabajo para enviar dinero a los cuatro hijos que dejó en el Brasil. El sueño solo duró unas cuántas horas. Justicia no encontraba el pasaporte que le habían requisado y, por lo tanto, era una persona en situación irregular.

40 días más de reclusión. Y todavía quedaba un cierre para venir. La protagonista del podcast de «Temps mort», en Catalunya Ràdio, acabó de nuevo en la prisión por una investigación de la cual se declara inocente. En total, 10 años de privación de libertad, 4 de los cuales sin sentencia firme.

Mónica en uno de los muchos talleres que se realizan dentro de Wad-Ras.

Indemnización para los inocentes

Desde el 2019, el Estado está obligado a indemnizar las personas privadas de libertad que sean declaradas inocentes. La responsabilidad patrimonial que tiene que pagar la administración se calcula según el impacto económico que haya podido suponer el tiempo de reclusión para la persona investigada, pero en ningún caso hace valoración de los efectos emocionales, psicológicos o de estigma social.

«En España tengo una etiqueta», dice Gaetano. Como otras muchas personas migradas y con antecedentes, el miedo de una detención siempre está presente.

El tiempo en el CIE no se devuelve

El proyecto PorCausa.org, dedicado a la investigación y las migraciones, estiman que hay hasta 470.000 personas en situación irregular en España. Según la ley de extranjería, no disponer de documentación que avale tu residencia en el país es una infracción grave que puede comportar una sanción administrativa, pero las consecuencias que se derivan son más parecidas a las de un delito que no a las de una multa: privación de libertad mientras el juzgado decide si te deportan.

El cierre se hace en un CIE, espacios con un largo historial de claroscuros y denuncias de violaciones de derechos humanos, según múltiples entidades del tercer sector e instituciones internacionales como las Naciones Unidas. «Fue peor que la prisión», lamenta Gaetano.

El informe «10 años mirando a otro lado», del Servicio Jesuita a Migrantes, calcula que en el 2019 hubo más de 6.400 personas a los CIE de España, de las cuales casi el 60% fueron posteriormente liberadas.

Es el caso de la protagonista del podcast, a quién dejaron salir después de 40 días sin muchas explicaciones y con un trauma que todavía lo acompaña. Organizaciones como Irídia denuncian la suspensión de derechos fundamentales como la libertad personal bajo la premisa de la «lucha contra la inmigración irregular» y exigen el cierre inmediato de todos los CIE.

Ilustración de Samy Aria Barzegar para el programa
“Temps Mort” de Catalunya Ràdio (CCMA)

La reparación que nunca llega

«Estuve dos meses con síndrome de pánico. Me bloqueaba cuando veía un coche de Mossos porque temía que vinieran a detenerme«

Después de cumplir condena y de pasar por el CIE, consiguió un nuevo pasaporte y un trabajo que lo ayudaba a sobrevivir, hasta que sus antecedentes la vincularon a un nuevo caso de tráfico de estupefacientes.

Vuelve a Wad-Ras. Ha pasado 3 años y 10 meses a la espera de un juicio donde está segura qué la declararán inocente por carencia de pruebas. Mientras tanto, se ha informado sobre el derecho a reclamar una indemnización por los días perdidos. «Si no soy culpable, tendrán que pagarme», apunta.

Aun así, se muestra positiva. El tiempo entre rejas le ha servido para aprender idiomas, estudiar, organizar la acogida de nuevas internas y fundar el coro de la prisión. «Estamos cerradas, pero podemos cantar y expresar en el mundo que queremos ser libres», reflexiona.