«Una agresión al día»: la odisea de los funcionarios de prisiones para ser reconocidos como agentes de autoridad

• Los sindicatos denuncian 400 agresiones al año. Instituciones Penitenciarias las cifra en aproximadamente la mitad

• El PP presentó una ley para reconocerles como autoridad, lo que aumentaría su retribución y su protección

• El Gobierno defiende que ya negocia ese salto cualitativo en una ley que anunció para el primer trimestre de este año

[Artículo extraído en su totalidad de 20 Minutos]

Llevan años reivindicándolo y la idea ha aflorado en varios debates y en campañas electorales, pero no llega a hacerse realidad. La promesa de convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de autoridad es, todavía, una quimera. Con la reforma legislativa en punto muerto, los sindicatos no descartan comenzar a movilizarse, mientras siguen contando agresiones. Según sus datos, la media es de una agresión al día, aunque Instituciones Penitenciarias desmiente que el nivel sea tan alto.

Uno de los últimos sucesos mediáticos fue el que protagonizó ‘Igor el Ruso‘ contra cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) antes de ser trasladado a Zaragoza, donde tras el juicio se le condenó a prisión permanente revisable. «Él sabía que el caso iba a ser mediático y aseguró que no quería ir a ningún sitio. Nos dijo que íbamos a tener que entrar y que iba a matar al que pudiera», relata José Alberto Royo, uno de los agredidos. En una conversación con 20Minutos, recuerda el suceso y subraya una de las frases que el autor confeso del triple asesinato ocurrido en Andorra en 2017 habría dicho y que relata a la perfección la lucha de los funcionarios por ser reconocidos como agentes de la autoridad: «Al que entre [en la celda] lo mato, me va a salir gratis«.

Los sindicatos argumentan que es necesario que los funcionarios sean considerados como autoridad cuando ejerzan su función, pues es «de alta peligrosidad», y señalan como punto principal el potencial castigo que se podría imponer a los agresores, a los que se le agravaría la pena. «Muchas veces al interno le cae, como mucho, una sanción de cinco días de aislamiento, cuando, si fuéramos autoridad, le caerían seis meses de condena añadidos«, cuenta Paco López, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo del ámbito penitenciario.

«Nosotros trabajamos con personas que han sido condenadas con la pena más grave que hay, que es la pena privativa de libertad, y necesitamos protección», asegura, por su parte, Jorge Vilas, responsable de prisiones del sindicato CSIF. Según los cálculos de su organización, se han producido 400 agresiones en 2020, más de una al día. «Y no me refiero a insultos o amenazas de muerte, que esas se dan todos los días a todas horas», incide. Royo también coincide en esa versión. Desde Instituciones Penitenciarias, en cambio, rebajan los datos. Fuentes del organismo cifran en 26 las agresiones sufridas por funcionarios hasta marzo de 2021 (último dato disponible), 176 el pasado año y 223, en 2019. «Y ha habido una reducción durante estos años porque partimos de que en el año 2010 se produjeron 475«, concluyen.

Desde el PP comparten los datos de los funcionarios. «Muchas con lesiones graves», añade Ana Vázquez Blanco, portavoz popular en la Comisión de Interior. Por eso, la diputada incide en la «necesidad» de reconocerles como agentes de autoridad, lo que, además, supondría un aumento salarial «considerable». Para ello, cuenta que los populares llevaron al Congreso una Proposición de Ley que recogía este fin. Además, cita una encuesta realizada a los propios funcionarios de prisiones con 11.000 entrevistas en las que el 99,5% de ellos pedía ser reconocido como tal.

La proposición del PP, en cambio, no fue tomada en consideración -Ciudadanos y Vox votaron a favor- por la negativa del Ejecutivo, que ya negocia con los sindicatos cómo incluir esta reforma. Todas las formaciones coincidieron en que ese nuevo estatuto para los funcionarios de prisiones es necesario al depender el actual marco normativo de leyes preconstitucionales.

Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos acusaron a los populares de tratar de «torpedear» la negociación en marcha, y los grupos nacionalistas vascos y catalanes rechazaron la iniciativa al entender que impulsar competencias para un «cuerpo nacional» de funcionarios de prisiones puede llegar a invadir competencias transferidas a ambas comunidades. Cabe recordar que Cataluña controla sus cárceles y que el País Vasco ya ha firmado el convenio para seguir sus pasos, lo que se convertirá en realidad el próximo 1 de octubre.

Desde Instituciones Penitenciarias se limitan a decir que esa reforma legislativa «se está elaborando». Aunque llega tarde. Y es que, en una reunión con las organizaciones de trabajadores a finales del pasado año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que estaría lista para 2021.

«Antes de la proposición del PP hubo una del PSOE, pero se paró cuando llegaron al Gobierno», recuerda el responsable de CSIF, que reconoce que las negociaciones estaban avanzadas pero que llevan «tiempo» sin tener buenas nuevas. Los sindicatos llegaron a acordar con Interior «que no les salieran gratis a los presos» las agresiones y que no tuviera el mismo castigo «un puñetazo» que un ataque con un «pincho» –como llaman a las armas que fabrican los internos-.

Las conversaciones comenzaron, recuerda, en julio del pasado año. La redacción del articulado finalizó en febrero de 2021, cuando hicieron las últimas propuestas de mejoras económicas. «No hemos recibido más respuestas más allá de que están pendientes los informes de Hacienda y Función Pública», explica. Ambos son, dice, determinantes, porque esas subidas de sueldo son, para los sindicatos, claves: «Sin ellas, nos movilizaremos pronto«.