Abdelatiff El Idrissi paseaba con un amigo por el puerto ceutí cuando decidieron subir al doble fondo de un camión y pasar a escondidas la frontera. Los dos buscaban un futuro mejor. Según explica, el compañero lo ha conseguido, pero él no. Cumple condena en la prisión de Jóvenes de Cataluña. Cuando salió del centro de menores, no tenía la documentación en regla, ni dinero, ni casa, ni trabajo. Además, empezó a robar para pagarse la droga. Ahora recuerda aquella época: «Tenía 16 años y estaba solo, sin nadie que me controlara». Las dificultades para tramitar la documentación abocan los jóvenes migrados no acompañados a la precariedad extrema.

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(Artículo de Temps Mort)

La mayoría de los extranjeros en la prisión de jóvenes han pasado por el sistema de protección a la infancia

La carencia de recursos asistenciales cuando abandonan los centros de menores los aboca a la irregularidad

«Si no tienes empadronamiento fuera de la prisión, cuando sales de permiso vas a un piso que te facilitan», dice Abdelatiff El Idrissi. Él tiene un techo cada vez que pasa unos días fuera del Centro Penitenciario de Jóvenes.

Comparte el espacio con otros internos y saborea la libertad momentánea. De momento, tiene un lugar donde vivir, pero se pregunta qué hará cuando obtenga la libertad definitiva.

Antes vivía en un centro de menores, pero ahora será mayor de edad y tendrá que buscarse la vida. El protagonista de «Temps Mort» es uno de los muchos chicos extutelados por la Generalitat de Cataluña que cumplen condena.

En la prisión de jóvenes hay todo tipo de hombres que han cometido un delito de 18 a 24 años.

Cada interno es una historia, pero hay un perfil que abunda: los jóvenes marroquíes que han llegado a Cataluña sin referente familiar. Las trabajadoras del centro coinciden en una observación: la mayoría han pasado por el sistema de atención al menor, gestionado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Muchos están en situación administrativa irregular y sus perspectivas de reinserción son complicadas. Idrissi reflexiona sobre cómo acabó encerrado: «Haces 18 años, sales del centro de menores y no tienes permiso de trabajo: ¿cómo consigues dinero para vivir? No todo el mundo roba, pero muchos lo hacen por necesidad».

Jóvenes extutelados y sinhogarismo

La media de edad para emanciparse en Cataluña es de 30 años, según un estudio de Comisiones Obreras. Entre los motivos por los cuales la gente no marcha antes de casa hay el paro juvenil, los sueldos precarizados, la dificultad para acceder a una vivienda y, en general, el encarecimiento del coste de la vida.

En este panorama, aterrizan los jóvenes migrados solos que salen del sistema de protección de 18 a 21 años. Ellos se incorporan a la vida adulta una década antes y con alguna complicación más: no tienen una red social que los ayude ni papeles y, por lo tanto, ni un contrato, ni un hogar. Ni perspectivas de conseguirlo.

La Fundación Arrels alerta que los chicos extutelados, sobre todo aquellos que se encuentran solos, son un colectivo muy vulnerable en el sinhogarismo. La DGAIA dispone de programas para la transición en la vida autónoma, pero son insuficientes.

Al colapso del sistema, se suma el racismo estructural y una ley de extranjería que estrangula las opciones de supervivencia de las personas migradas. Conseguir el permiso de trabajo o la residencia es una odisea que los aboca a la situación administrativa irregular durante años. Mientras tanto, sobreviven.

Penas más duras

El informe «Del sistema de (des)protección en la calle», del Consejo Nacional de la Juventud en Cataluña (CNJC), apunta que la mayoría de los jóvenes migrados extutelados en situación de sinhogarismo tienen antecedentes penales y reciben penas de prisión más duras. Además, surgen o se agravan problemas como las conductas de riesgo, los trastornos de salud mental o las adicciones.

Idrissi recuerda como su madre le pedía que dejara las drogas: «Me decía que acabaría mal, a la tumba o en la prisión, pero yo no lo veía«.

Una vez entre rejas, el mismo estudio del CNJC expone que los jóvenes migrados extutelados cumplen más prisión preventiva y se les hace más difícil conseguir permisos. Las autoridades judiciales argumentan que el hecho de no tener un hogar, una familia y un trabajo que los arraigue aumenta el riesgo de fuga.

Idrissi está en proceso de conseguir el permiso de trabajo desde la prisión. De la residencia, se puede olvidar durante una temporada. Tendrán que pasar cinco años para limpiar los antecedentes penales y, después, adentrarse en el proceso eterno y burocrático de la regularización.

Pero, de momento, trabaja en la prisión, gestiona los papeles que puede y mantiene a raya la adicción. Cuando salga en libertad definitiva de aquí dos años y medio, dice que quiere estar preparado: «trabajar y hacer deporte, y nada más».