Las cárceles de Guatemala están en una situación crítica. Las deplorables condiciones infrahumanas de los internos, los asesinatos y los motines son continuos. Pero las recientes investigaciones revelan además la falta de control de las autoridades. En el interior impera la ley del más fuerte.

El hacinamiento es uno de los problemas más grave que enfrentan las autoridades. Según el viceministro de Gobernación (Interior), Ricardo Guzmán, las 22 cárceles del país tienen capacidad para 6.800 presos pero albergan a 22.665, el 300 % de su capacidad, y la mitad de ellos están en prisión preventiva.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció, de forma preliminar en su visita al país realizada este año, que los reos se encuentran en condiciones deplorables, que se enfrentan a aislamientos prolongados y que están unos sobre otros, hacinados. Estas condiciones fueron admitidas por la propia cartera del Interior.

Para ayudar a resolver ese problema, el Gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) autorizó utilizar las cárceles de las instalaciones militares Cuartel Militar Matamoros y la Brigada Mariscal Zavala; donde actualmente se encuentran detenidos 237 hombres y 30 mujeres. Son las prisiones de máxima seguridad, las que albergan a funcionarios, magistrados y políticos acusados.

Incluso se han perpetrado ataques planeados contra reos, como el ocurrido en julio de 2016 contra el capitán retirado del Ejército Byron Lima Oliva, donde murieron otras 13 personas en la Granja Penal Pavón; cuatro de ellas decapitadas, una calcinada y otras tres fallecieron por heridas de bala.

El capitán, el «rey de las cárceles», era considerado por las autoridades como el líder de una estructura criminal que se dedicaba a cobros ilegales para favorecer los traslados de reos en las cárceles del país. Él ordenaba nombramientos dentro de los penales. Por este crimen fue detenido el exdirector del Sistema Penitenciario, Luis Carlos de León, junto con otras siete personas.

Falta de atención médica

Otro de los problemas que enfrentan las autoridades encargadas de los centros penitenciarios es la falta de atención médica adecuada, la cual obliga a trasladar a los reos a hospitales desde donde se han fugado, como el caso de Oscar Wilfredo González, un preso salvadoreño que escapó después de pasar la noche internado.

Estos traslados también evidencian la vulnerabilidad del Sistema Penitenciario. En agosto de este año, un grupo de pandilleros atacaron el Hospital Roosevelt, el más grande del país, con fusiles de asalto para liberar a un compañero que asistía a hacer pruebas médicas.Este ataque dejó como saldo 7 personas muertas y 11 heridas, así como la fuga del pandillero Anderson Daniel Cabrera, que había sido llevado al hospital.

En respuesta, las autoridades del Interior fueron obligadas a trabajar con los directores de los principales hospitales bajo la mirada de los diputados del Congreso para buscar soluciones. Entre ellas, han propuesto coordinar el protocolo de atención a reos y presencia constante de la Policía Nacional Civil.

Ante estos hechos, algunos sectores del país ven la pena de muerte como la solución. El diputado Marcos Fernando Yax, del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), organizó en agosto una marcha en la que participaron unas 200 personas para apoyar una iniciativa de ley que busca su reactivación.

Lo cierto es que la tasa de privados de libertad de Guatemala se encuentra por debajo del promedio mundial y es la más baja de Centroamérica. Según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS), la tasa de personas detenidas en el país es de 145 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio mundial es de 175. Guatemala, con su tasa de 145 reos por cada 100.000 habitantes, se ubica en el renglón 118 según la base de datos, lo que significa una densidad menor a las de Nicaragua (renglón 85), con 171 cada 100.000 habitantes; (69) Honduras, 200; (23) Costa Rica, 352; (17) Belice, 410; y (16) Panamá, con 421.