La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado una instrucción que protege los informes que elabora el personal sobre la conducta de los reclusos

Instituciones Penitenciarias pone orden en el derecho de acceso al expediente por parte de los presos y de sus abogados. El secretario general, Ángel Luis Ortiz, firmó recientemente una orden que establece el procedimiento de solicitud para acceder al expediente de un recluso, así como las causas que permiten vetar dicho acceso.

Confidencial Digital consultó la Instrucción 13/19 de Instituciones Penitenciarias, que contempla tres motivos por los que el director de una cárcel puede restringir el derecho de un preso a consultar su expediente, asunto que hasta ahora no estaba regulado de forma tan concreta.

“Que afecte a la seguridad de los técnicos”

Con esta instrucción queda establecido que se podrá impedir la consulta del expediente “por circunstancias acreditadas de peligrosidad o que afecten a la seguridad de los técnicos que han emitido los informes a los que se pide acceso”.

Y es que el expediente de un preso incluye informes y opiniones de los funcionarios de prisiones que tratan con el recluso, del psicólogo y del trabajador social de la prisión, así como de otro personal del centro penitenciario. por circunstania

Esta restricción iría en la línea de evitar que, por ejemplo, un preso pueda ver que cierto funcionario de prisiones emitió un informe negativo sobre su conducta, o que opinara de forma negativa sobre concederle un beneficio penitenciario.

También se contempla, como otro motivo para denegar la consulta del expediente, que ese acceso ponga en riesgo “la efectividad del tratamiento penitenciario y/o se quiere la relación de confianza entre internos y profesionales, como consecuencia del conocimiento que los internos pudieran tener de los informes técnicos emitidos respecto a ellos”.

En este caso, el director decidirá si permitir o no la consulta del expediente por el preso o por su abogado “teniendo en cuenta lo manifestado al respecto por el profesional en el momento de su emisión”.

Pedirlo de forma reiterada

Además, la tercera razón para bloquear la petición de un preso de consultar su expediente es que “pretenda acceder a información de una forma reiterada o abusiva”, o bien “se requiera documentación que por su naturaleza debe estar en poder del interno”.

Instituciones Penitenciarias considera repetitivo “el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses”, tal y como se establece en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Hasta ahora no estaba regulado

Desde el sindicato ACAIP aseguran que hasta ahora la decisión de permitir o no consultar el expediente lo tomaba cada director de prisión, sin una norma específica que seguir.

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias confirma que que hasta ahora no existía una instrucción que regulara este asunto, sino que se articulaba en base a normas superiores que se citan, como reglamentos y directivas europeas sobre protección de datos, leyes nacionales sobre regulación penitenciaria así como sobre protección de datos, transparencia y expedientes administrativos, y jurisprudencia de tribunales.

En este último caso, se cita como precedente para regular este asunto una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por no haber procedido a entregar una copia del expediente disciplinario a un preso.

Por eso se aprueba esta instrucción, que establece como principio general “el acceso al expediente penitenciario”, que habrá de hacerse mediante instancia dirigida a la Oficina de gestión.

La instrucción también contempla que los presos sometidos al régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), que son desde terroristas y miembros de bandas organizadas hasta miembros de las Fuerzas de Seguridad, puedan pedir igualmente acceder a su fichero FIES con el mismo procedimiento y con las mismas salvedades.