Los reclusos de las cárceles españolas reciben cada año cerca de 100 millones de euros en las llamadas cuentas de peculio, depósitos bancarios que funcionan a modo de hucha de los reclusos y en los que las familias y amigos les ingresan fondos para que puedan hacer frente a pequeños gastos. En 2018, último año del que hay cifras, estas cuentas recibieron 99.738.670 euros, según recoge la documentación que el Ministerio del Interior incorporó al pliego de condiciones del concurso por el que ha adjudicado recientemente a una entidad financiera la gestión de estos depósitos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, de las 83 prisiones y Centros de Inserción Social (CIS, destinado a presos en tercer grado o semilibertad) dependientes de Interior , 20 reflejaron aquel año entradas de dinero por encima de los dos millones. La que más recibió fue la de Picassent, en Valencia, con más de 5 millones de euros. Le siguen las de Algeciras (3,2 millones); Soto del Real, en Madrid (3,1 millones); Málaga y Murcia II (cada una de ellas con 2,9 millones). Además, una docena tuvieron saldos mensuales superiores al medio millón de euros. La cárcel coruñesa de Teixiero alcanzó los 766.854 euros y la de Soto del Real, los 706.347. En el lado opuesto se sitúan los Cis, donde los internos disfrutan de régimen abierto y, por tanto, la mayoría solo acude a dormir de lunes a jueves. El caso extremo es el CIS de A Coruña, que no recibió ningún ingreso.

Cada preso –actualmente hay algo más de 48.000 en las cárceles dependientes de Interior- puede gastar de su peculio un máximo de 100 euros a la semana, aunque los pagos no los puede hacer en efectivo (el dinero en metálico está prohibido dentro de las cárceles), sino mediante unas tarjetas monedero conocidas en la jerga penitenciaria como ‘catumbas’ o ‘visas’. Con esos fondos, adquieren productos en el economato de la cárcel y costean las 10 llamadas semanales que tienen autorizado hacer desde la cabina de la prisión. También sirve para que encarguen a través del demandadero productos no vetados en prisión pero que no están a la venta dentro de ella, como libros o televisores para las celdas. Las cuentas de peculio son también utilizadas para ingresar las retribuciones de aquellos reclusos que tienen destinos retribuidos dentro de la prisión o trabajan en los talleres.

Instituciones Penitenciarias solo permite que los ingresos —de los que se pueden hacer dos por semana mediante transferencia, ingreso en sucursal o directamente en prisión— los realicen personas autorizadas e identificadas. De hecho, debe quedar constancia tanto de la persona que realiza el ingreso como del recluso al que va destinado. Desde 2015, Prisiones cuenta con un sistema informático específico para controlar los movimientos en estas cuentas y detectar, por ejemplo, si una misma persona ingresa fondos a dos presos sin aparente relación. “Estos movimientos son, a veces, indicio de la existencia de trapicheos de droga dentro de prisión porque reflejan el pago de un interno a otro a través de su familia”, señalan fuentes penitenciarias. En junio de 2016, la Guardia Civil detuvo a 11 personas, entre ellas siete presos del Centro Penitenciario de Murcia II, que presuntamente utilizaban las cuentas de peculio para cobrar las deudas por la droga que distribuían dentro de la prisión.

Control exhaustivo

Estas precauciones se incrementan cuando el recluso que recibe el ingreso está incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), como ocurre, por ejemplo, con los presos por delitos de terrorismo. En diciembre de 2014, el Ministerio del Interior ya dio órdenes para investigar de manera exhaustiva a quienes ingresaban dinero en las cuentas de peculio de los reclusos yihadistas. En aquel documento, se instaba a los funcionarios de prisiones a realizar un informe mensual sobre aquellos movimientos de peculio que pudieran ser sospechoso. En concreto, se pedía a los trabajadores penitenciarios que prestaran especial atención en aquellos ingresos que hiciera una misma persona “en cuentas de tres o más internos del establecimiento penitenciario sin razón de parentesco”. De producirse esa circunstancia, se abría una investigación.

[El País]