El drama de las cárceles españolas: casi tres muertes a la semana

El sábado 21 de septiembre murió en el Centro Penitenciario de Zaballa otro preso. El quinto en lo que va de año. A falta de conocer los resultados de la autopsia, las primeras versiones hablaron de sobredosis. Dicen también que tenía 50 años. Su vida truncada ya forma parte de las frías estadísticas. Su muerte es, numéricamente hablando, otra más en un listado.

“En las cárceles de España fallecen aproximadamente tres personas a la semana. Y no, no son muertes súbitas o inesperadas de personas aparentemente sanas o sin graves afecciones”, destaca Osabideak, la Asociación vasca de Profesionales de la Medicina y juristas en Defensa del Derecho a la Salud de las Personas Privadas de Libertad, basándose en cifras oficiales.

“La mayoría fallece por enfermedades, así como por sobredosis y suicidios (la tasa de suicidios se multiplica por 5 en las cárceles)”, continúa el documento de esa red de profesionales “En ningún centro de ingresos de nuestro Sistema de Sanidad serían aceptables tales cifras –remarca en un documento–. Se trata mayoritariamente de muertes previsibles, de personas enfermas graves, sin curación, con peligro patente para la vida, no atendidas debidamente, excluidas socialmente, falleciendo olvidadas, con una sanidad penitenciaria y pericial dependiente de administraciones no sanitarias”.

En tal sentido, Osabideak subraya que “en el Estado Español la sanidad penitenciaria depende directamente del Ministerio de Interior y no del Sistema Nacional de Salud”, con la salvedad de Euskadi y Cataluña, mientras que “próximamente se realizará la transferencia también a la sanidad pública de Navarra”.

Según este colectivo de profesionales, esa situación contradice “lo que recomiendan la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa como medida fundamental para propiciar la asistencia sanitaria en equidad y evitar la desasistencia y la discriminación”. Denuncia precisamente la existencia de “una sanidad penitenciaria que, según la propia Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España, desasiste, discrimina y vulnera la deontología médica al priorizar intereses regimentales”.

Desasistencia

“Tanto en los casos de cardiopatía isquémica, que es la causa más frecuente, como en el resto de fallecimientos denominados ‘naturales’ no disponemos de datos que aclaren si consultaron por otros síntomas y se realizaron todas las pruebas a tiempo, o si se tomaron las medidas preventivas adecuadas”, afirma a Público la médica Nahia Aia, integrante de Osabideak. “La desasistencia queda siempre muy encubierta” remarca.

En esa asociación conocieron el caso de un preso “fallecido al parecer por un infarto, cuya familia nos solicitó ayuda. Al final acabamos descubriendo que había muerto de una rotura cardíaca por un infarto no diagnosticado y, por tanto, no tratado: lo etiquetaron de ansiedad y le dieron un trankimazin mientras estaba infartándose”, relata Aia. “Ese caso lo pudimos documentar porque la familia y el abogado, con mucho esfuerzo, consiguieron la historia clínica y otros médicos examinamos los informes de la autopsia, de manera que pudimos comprobar lo que había ocurrido previamente”, afirma.

«Debajo de la media europea»

Por su parte, fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron a Público que actualmente no están disponibles los datos sobre las causas de fallecimientos a lo largo de 2018 debido a que “están pendientes muchas autopsias”.
En cualquier caso, subrayaron que las cifras contenidas en el informe Space 2018 del Consejo de Europa demuestran que España está por debajo de la media europea en materia de mortalidad en las cárceles: mientras que a nivel continental se producen 31 fallecimientos por 10 mil reclusos, en España existen 19,5 casos por cada 10 mil.

Otros países del entorno, como Portugal (51 por cada 10.000), Inglaterra (35 fallecidos por cada 10.000), Francia (22 por diez mil) e Italia (21 por cada 10.000) se encuentran por encima de España. “Nuestros médicos de Instituciones Penitenciarias contribuyen de manera clave para que esas cifras sean posibles”, afirmaron.

«Plazas vacantes»

Sin embargo, la Plataforma de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria describían en abril pasado una situación compleja. Según consta en un documento firmado por ambas organizaciones, “296 médicos trabajan actualmente en las cárceles”. De ellos, “97 tienen más de 60 años; “165 tienen entre 50 y 60 años”; “24 tienen entre 40 y 50 años” y solamente diez “tienen menos de 40 años”.

«El 30% de las plazas de personal sanitario en prisión está vacante». Señalaban además que “el 30% de las plazas de personal sanitario en prisión está vacante (148 de 489)” y apuntaban que “entre 2008 y 2017 hubo 123 bajas de las que solo se han cubierto 62”. “Debido a las condiciones profesionales y laborales, muchos médicos han abandonado su plaza de funcionario y han optado por trabajar como contratados, interinos o titulares en Atención Primaria del Sistema Público de Salud (SPS) o en la Sanidad Privada”, subrayaban ambas entidades.

En ese informe, los profesionales sanitarios admitían las “dificultades” y “complejidad de trabajar” en el medio penitenciario “por el perfil pluripatológico de los pacientes”. “Un 40% de estos sufren enfermedades mentales a lo que se añade la propia dificultad de un medio cerrado y sujeto a estrictas medidas de seguridad que provoca rechazo a priori para cualquier profesional”, añadían.