Incertidumbre», así define el Consejo General de Enfermería (CGE) la situación de la Enfermería penitenciaria. No es nada nuevo, de hecho, en abril de 2019 la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (ANEP) remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y también al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, para denunciar la precariedad laboral en la que trabajan las enfermeras y enfermeros de las prisiones españolas.

«La falta de médicos y una sensación de abandono por parte de la Administracion, hacen que se vivan situaciones extremas que nos lanzan al abismo del intrusismo, de la ilegalidad y de una oscuridad intensa que no permite ver luz en el camino», indican fuentes del Consejo General de Enfermería a ConSalud.es.

La solución que se plantea por parte de Instituciones Penitenciarias es la transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Dando así cumplimiento a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.

Por esta razón, desde II.PP. trabajan ya en transferir las competencias a las CC.AA. para que sean estas quienes gestionen desde sus servicios de salud la asistencia sanitaria a presos, tal y como ha expresado la subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria de Instituciones Penitenciarias, Carmen Martínez Aznar.

La sanidad penitenciaria: una prioridad

Hace apenas unos días, el Sindicato de Enfermería, Satse, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska que, en su nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, agilice el proceso de traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, ya que la situación de las enfermeras y enfermeros que trabajen en los centros penitenciarios es cada vez más “insostenible”.

Una vez que Grande-Marlaska ha tomado posesión de su cargo al frente del Ministerio del Interior, Satse insiste en la urgente necesidad de «dar una solución definitiva» a un problema enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos. En la actualidad, hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a 100 personas privadas de libertad.

Negociaciones

La organización sindical reclama de nuevo a Grande-Marlaska que priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes.

La organización sindical recuerda que existe un grave déficit de enfermeras, así como de otros profesionales sanitarios, en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país, lo que conlleva una peor atención y menos segura para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en todos  ellos.