Más de 1,5 millones de reclusos cumplen sus penas en cárceles de América Latina, donde la mayor preocupación de las últimas semanas no es el hacinamiento, la pobreza y la violencia, sino evitar los contagios de covid-19 y morir tras las rejas. Los presupuestos impiden el abastecimiento suficiente de agua y jabón, imprescindibles para frenar la propagación del coronavirus.

En la prisión de Izalco, en El Salvador, las imágenes de la policía requisando las celdas mientras miles de reclusos esperaban casi desnudos y amontonados en el suelo de la cárcel han indignado a todo el mundo. Solo algunos tenían mascarillas y habían sido trasladados y ubicados en el suelo sin ningún tipo de distanciamiento social. Tampoco se observaron otras pautas de salud pública para prevenir la propagación de Covid-19. Human Rights Watch ha denunciado la medida del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de permitir a la policía “utilizar la fuerza letal” y ordenar el encierro en celdas hacinadas, insalubres y sin luz a miembros de pandillas rivales, lo que podría hacer crecer los motines y la violencia ya exacerbada en las prisiones del país.

El recrudecimiento de la violencia entre las maras ha dejado 74 muertos el pasado fin de semana. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, califica de “repugnantes” las imágenes que muestran el trato “cruel y degradante” del Gobierno a los 17.000 presos que hay en esos centros a través de unas medidas que justifican en informes de inteligencia y no en investigaciones judiciales, como denuncia la organización.

Grandes riesgos

«Ante la pandemia de Covid-19, las cárceles en El Salvador, al igual que en otros lugares, son un potencial epicentro de brote; este riesgo se ha exacerbado por las nuevas medidas de confinamiento dispuestas por el gobierno de Bukele”, expresó José Miguel Vivanco. “Paradójicamente, el discurso de mano dura que utiliza el Presidente Bukele ante los 77 asesinatos de los últimos días, pone muchas más vidas en riesgo por posible contagio, tanto dentro como fuera de los centros de detención”. El encierro de miembros de diferentes pandillas rivales en pequeñas celdas “sin luz, sin poder mirar hacia fuera y aislados de forma indefinida”, como explica Vivanco, el riesgo de que se agredan o maten es enorme, además del riesgo de que se contagien por coronavirus. “Pareciera que ese es el objetivo del presidente Bukele”, denuncia.

Esta situación pone en riesgo un escenario de mejora de la violencia en el país que se estaba logrando en los últimos años. Las pandillas salvadoreñas están formadas por asesinos que viven de la extorsión en los barrios, explica el director. Y lamenta que en las últimas semanas haya vuelto a haber un repunte de los homicidios por el que, según el Gobierno, “deben pagar todos los 17.000 presos”.

Sistema penitenciario abandonado en América Latina

Vivanco asegura que en general las cárceles latinoamericanas sufren de un hacinamiento por sobrepoblación superando en al menos el 30% la capacidad máxima de los centros. “Ese problema es responsabilidad del Estado”, subraya el director para las Américas de Human Rights Watch, y denuncia que, por el contrario, la clase política utiliza la demagogia y el populismo y no trata de solucionar los problemas de las cárceles porque no da votos.

Hasta el lunes, la agencia The Associated Press reportó que en toda América Latina hay más de 1.400 contagiados, entre convictos y guardias. Debido a las medidas sanitarias, las cárceles no permiten visitas, por lo que los presos no están recibiendo alimentos, artículos de aseo, ropa o medicamentos de sus familiares, lo que empeora la incertidumbre. Por esto es que la alta comisionada ante la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos la liberación de los reos menos peligrosos durante la pandemia, especialmente los presos políticos o personas en arresto preventivo. El Departamento de Estado norteamericano publicó un informe por países sobre prácticas de DD.HH. 2019, en el que revela que en El Salvador y Colombia, más del 30% de la población carcelaria general son detenidos en prisión preventiva sin condena; en Guatemala la cifra es casi del 50% y en Paraguay y Perú supera el 60%.