El régimen abierto: una puerta de entrada a la reinserción
Con la pandemia se han potenciado medidas que facilitan la transición hacia la libertad de los presos. Los expertos esperan que estos cambios se queden, pero reclaman más oportunidades para mujeres, personas migradas y jóvenes
[Artículo extraído parcialmente del Diario Público]
Salir de la cárcel, si no hay un buen proceso de acompañamiento, puede ser un camino muy difícil de recorrer. Es por eso por lo que varios expertos en Catalunya apuestan por los regímenes abiertos, ya sea con los permisos de salida en el segundo grado u otorgando el tercer grado, en el que una persona privada de libertad puede ir a dormir a su casa bajo la tutela del centro penitenciario y sus trabajadores.
Con estos permisos y apertura se introducen poco a poco en el mundo laboral, familiar y emocional. Según el vocal de tercer sector y justicia en el Colegio de Criminólogos, Sergi Fortià, una salida progresiva a lo largo de la condena da mejores resultados para reducir la reincidencia delictiva. Según la investigación propia del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, la tasa de reincidencia penitenciaria en libertad condicional fue del 9,5% en 2018, la cifra más baja en los últimos 27 años.
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El psicólogo del equipo de tratamiento del centro penitenciario Ponent Joan R. añade que algunos internos piden hacer más salidas cuando ven que se les acerca el final de la condena para irse adaptando. «El acompañamiento para la salida tiene que empezar desde el primer momento en el que entran», apunta. En ese sentido, explica que el acompañamiento psicológico sirve para que los internos vean qué pasó cuando cometieron el delito, y que tomen decisiones distintas si se encuentran frente a situaciones donde tomaron las elecciones erróneas. Además, añade la importancia de trabajar las emociones. «El pensamiento puede ser muy creativo y todo se acaba justificando. Se trata de trabajar el autoconocimiento emocional para evaluar desde qué emoción se han cometido estás acciones y darle la vuelta», señala.
El acompañamiento es integral y multidisciplinar, ya que se tienen en cuenta los aspectos de la personalidad, sociales (el núcleo familiar o laboral, educativos -cuál es su nivel de inserción social-), así como los aspectos jurídicos. A partir de aquí, los profesionales evalúan, dependiendo de la pena o la motivación delictiva, entre otros factores, si esta persona puede ir directamente a tercer grado.
Ahora bien, para dar el régimen abierto, es necesario que la persona tenga ciertos recursos económicos, familiares o laborales que lo acojan, por lo que colectivos como mujeres, jóvenes, personas sin papeles o recursos económicos, tienen más dificultades.
Menos opciones para las mujeres
La vicepresidenta del Colegio de Criminólogos, Arantxa Hernáez Hernando, explica que se están creando referentes de género dentro de las prisiones, pero cuando la mujer accede al itinerario de inserción laboral tiene menos opciones, ya que los empleos están muy dirigidos hacia los hombres, que son la mayoría de la población reclusa. Además, también dentro del centro se asume que la mujer priorizará la familia al empleo. «Está normalizado que la mujer tenga la preferencia del cuidado de la familia antes de dedicarse a buscar trabajo, cuando al hombre no se le exige que se quede al cuidado de los niños», detalla.
En el caso de los jóvenes, les piden una experiencia que no tienen. Por otro lado, los que tienen problemas económicos no entienden que para llegar a trabajar que primero tienen que formarse. «Hace falta seguir apostando por programas más individualizados para potenciar las competencias que tienen y que ellos mismos confíen en sus capacidades», demanda.
Uno de los colectivos con más problemas son los migrantes, tanto en la reinserción como durante la estada previa en la prisión cerrada. «Tienen mucho más aislamiento, muchos no han vivido en el país, muchos viven en el país y la condena supone enfrentarse a la expulsión, no tienen visitas…», enumera la criminóloga Marta Martí. Por otro lado, Hernáez remarca que no hay tantos programas de reinserción especializados para migrantes, y que hay pocos profesionales formados para saber gestionar la documentación de estos presos en los centros. «En 2019 se creó una oficina dentro de los centros para que no dejaran caducar la documentación y regularizarla, porque hay un gran desconocimiento sobre extranjería», detalla.
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La Generalitat apuesta por las medidas alternativas
El Departamento de Justicia, para evitar que las personas sin recursos se encuentren desamparadas al salir de la cárcel, ha activado 12 pisos de reinserción en Catalunya. En estos pisos hay psicólogos, criminólogos, educadores y trabajadores sociales y suelen estar gestionadas por entidades del tercer sector. Plan estratégico de ejecución penal de adultos (PEPA) de la Generalitat pretende incentivar las unidades dependientes y más medidas alternativas. «Una mejor reinserción es una mejor seguridad ciudadana», defiende Sergi Fortià.
