La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) remitió el pasado viernes un escrito a todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado con «nuevas medidas para evitar la expansión de la COVID-19 entre la población reclusa», considerada «colectivo de alto riesgo».

Tras su reunión, en la que analizaron el último documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) sobre la incidencia del coronavirus, el SGIP ha decido suprimir las comunicaciones especiales de las personas presas. Es decir: las comunicaciones familiares, íntimas y de convivencia. Además, restringen las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por preso o presa como máximo. El horario se extenderá a todos los días de la semana, «con obligación de desinfectar los locutorios después de cada turno de comunicación». También suspenden los permisos de salida y las salidas programadas de los y las presas.

Algunas excepciones

Las medidas, con una vigencia inicial de tres semanas a contar desde su entrada en vigor el lunes, afectan a todos los centros de la Administración General del Estado salvo los de Canarias e Illes Balears. Aunque en este último territorio, la prisión de Mallorca mantiene también suspendidas las comunicaciones especiales. En el caso del Centro Penitenciario de Ourense, a las medidas anteriores se suma además la suspensión de las comunicaciones ordinarias.

El SGIP también ha decidido no levantar, «mientras la situación no lo aconseje», el cierre total de los centros penitenciarios Madrid V, en Soto del Real, y León. En ellos, además de las medidas anteriores, se mantienen suspendidas las comunicaciones ordinarias y no se permite el acceso a prisión «a toda persona ajena a la Administración penitenciaria cuya labor no sea imprescindible».