Interior exige respeto a la dignidad y los derechos fundamentales en los registros en prisiones
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido una circular a los directores de las prisiones en la que les avanza las instrucciones para «la realización de los registros de las celdas y pertenencias de los internos». En el escrito, fechado el pasado viernes, se avisa que «en la medida de lo posible» esos registros (que no requisas) de las celdas y pertenencias de los internos se llevarán a cabo «en presencia de estos» siempre que «las circunstancias de seguridad, inmediatez y disponibilidad de recursos humanos lo permitan».
Además, se recuerda al personal de vigilancia que «los registros, cacheos y requisas previstos en la legislación penitenciaria se llevarán a cabo con el debido respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de los internos» y añade que deberán asimismo «velar porque el ligero desorden inherente a la práctica de este tipo de medidas no exceda de la normalidad». El oficio, firmado por el director general de ejecución penal y reinserción social, anula las instrucciones vigentes hasta ahora, de 2014.
En el caso de que el preso no esté presente en el momento del registro, se obliga al personal a notificarle la posible incautación de objetos, explicándole el motivo: por encontrarse «dentro del catálogo de objetos prohibidos», por «no estar autorizados por la normativa del régimen interior del centro penitenciario», por «acumulación» o «mal uso». Las nuevas instrucciones se basan, explica el departamento, en las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
El aviso ha irritado a los trabajadores de prisiones, que denuncian, asimismo, un empeoramiento de sus condiciones. En este contexto, recuerdan casos recientes de agresiones a funcionarios durante los registros, como el ocurrido en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, donde tres empleados resultados heridos por un interno al que le descubrieron un teléfono móvil en su poder. Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) solicitaron a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas de urgencia para poner freno «a esta escalada de violencia y agresiones que sufrimos los funcionarios de prisiones, porque si un interno es capaz reaccionar de esta manera para evitar la incautación de un teléfono, ¿qué hubiese ocurrido en el caso que se tratase de droga? ¿Hubiese intentado apuñalar a los funcionarios?». El aviso ha irritado a los trabajadores de prisiones, que denuncian, asimismo, un empeoramiento de sus condiciones. En general y tras lo acontecido, reestablecemos un plan de actuación según el cual no podemos realizar nada más.
