Los funcionarios de prisiones pueden ver cumplido a medio plazo una de sus principales reivindicaciones en los últimos años: el reconocimiento como agentes de la autoridad, algo que, entre otros colectivos, tienen ya reconocido los médicos y profesores. Este es uno de los puntos principales que se prevé incluir en la nueva Ley de Cuerpos Penitenciario, actualmente en fase muy incipiente, tal como asegura el periodista Francisco Velasco en La Razón.

La cuestión fue abordada en la reunión que mantuvieron ayer, 1 de julio,  bajo la presidencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el grupo de trabajo que debe elaborar un borrador de Ley de Cuerpos Penitenciarios, que pretende sentar “las bases de la función pública penitenciaria del siglo XXI”. De este grupo de trabajo forman parte representantes de las organizaciones sindicales y de la Administración Penitenciaria, y pretende elaborar un borrador de la citada ley, que tiene como objetivo principal “poner fin a la actual dispersión normativa y sustituir las dos leyes preconstitucionales, de 1970 y 1977, que en la actualidad regulan la estructura corporativa de los funcionarios de Prisiones”.

En este sentido, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, tras afirmar que “todos tendremos que renunciar a algo” y animar a los sindicatos a “evitar las líneas rojas porque la última palabra es del Parlamento”, Ortiz resumió las que serán las propuestas de la Administración para la elaboración de la nueva Ley, donde figura en primer lugar el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad “sin perjuicio de que esa posibilidad pueda ser reconocida antes por el Parlamento”.

Reclasificación de los centros

Además, también pretende que, con carácter urgente, se cree el mecanismo que permita que la Administración Penitenciaria se haga cargo de las indemnizaciones a los funcionarios víctimas de agresiones por parte de internos condenados y declarados insolventes, evitando el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Otro de los objetivos es recoger en la norma las particularidades del personal funcionario penitenciario que no están recogidas o contempladas de manera suficiente en la legislación que se aplica a otros colectivos de la Administración General del Estado. Se incluyen en este apartado la regulación de la carrera o la inclusión de nuevas titulaciones necesarias para que la Administración Penitenciaria pueda cumplir con el mandato constitucional de la reinserción: criminólogos, pedagogos, educadores sociales…

Por último, el secretario general de Instituciones Penitenciarias también apostó por hacer mención a la reclasificación de los centros penitenciarios de manera que se reduzcan las actuales nueve categorías. “No es asumible que existan nueve nóminas distintas en función del centro en el que se trabaja”.