En un principio los directivos de prisiones pensaron que era un error. Que el texto tenía erratas o que faltaban páginas. Pero finalmente se ha comprobado que es cierto. Fernando Grande-Marlaska promete más dinero a los directores de las prisiones españolas que más excarcelen. Una orden de servicio remitida por el Ministerio del Interior en los últimos días a los responsables de todos los centros del país vincula directamente los pluses de los directores de los establecimientos penitenciarios con el porcentaje de los reclusos bajo su cargo que sean progresados a tercer grado, o sea a régimen de semilibertad.

La instrucción, de seis páginas y que firma el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias Eugenio Arribas, ha dejado boquiabiertos a los técnicos de prisiones porque las decisiones de progresar a los internos al ansiado régimen abierto (que solo les obliga dormir en prisión de lunes a viernes) están exclusivamente en manos de los expertos de las juntas de tratamiento –no solo del director- y éstos funcionarios, en teoría, solo pueden basarse en «criterios técnicos y profesionales» a la hora de dejar salir a un interno.

«Valoración técnica»

No se puede vincular la productividad de los directores al porcentaje de progresiones de grado –coinciden todos los expertos- porque el número de concesiones de regímenes abiertos no es algo que pueda mejorar el trabajo del director, sino que depende del comportamiento en prisión de los internos y de la «valoración técnica» que del mismo hagan los profesionales basándose, según recoge la ley, en un estudio de las «circunstancias personales» del preso (sociales, familiares, laborales, penales, antecedentes, tiempo de condena…) y de las «variables específicas» sobre su posible vida en semilibertad (arrepentimiento, riesgo de reincidencia, trabajo…). Todo ello, al margen de que es obligatorio de que el recluso haya saldado la responsabilidad civil que se le impuso en la Sentencia o que haya cumplido la mitad de su pena si ha sido condenado a más de cinco año de cárcel si así se establece en sentencia.

«Incentivar las excarcelaciones con dinero es una barbaridad. Es, en cierta forma, invitar a los directores a forzar la máquina y presionar a los funcionarios para que concedan más terceros grados para mejorar su nómina», zanjan algunos de los directores directamente concernidos por esta orden de servicio denominada «programa de productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios».

Más de 2.000 euros

A pesar de las críticas de los especialistas, el polémico documento no deja lugar a dudas sobre el valor económico de las excarcelaciones: más de un 60% de aumento de terceros grados da 2 puntos para el «índice de calidad del servicio» del que dependerá el premio al director; entre el 40% y el 60% concede un 1,5 puntos; entre el 20 %y el 40% da 1 punto; y menos del 20% no da puntos.

La máxima puntuación posible que un director puede obtener es de 18 (también se conceden puntos por otros criterios ‘lógicos’ como la puesta en marcha de programas de tratamiento, de formas alternativas de cumplimiento, la ausencia de suicidios o la ejecución presupuestaria). De esos factores, incluidos los hasta 2 puntos por los terceros grados, dependerá que los directores puedan tener un bonus de hasta 2.162 euros anuales.

Versión oficial

Fuentes de Instituciones Penitenciarias defendieron el sábado 1 de febrero la decisión de premiar económicamente a los directores por las excarcelaciones. «Una de las líneas de actuación de la nueva Secretaría General es la de elevar el porcentaje de personas en régimen de semilibertad a niveles europeos, por supuesto, siempre que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios, ya que en los países más avanzados de la UE ese porcentaje se sitúa por encima del 25% y nosotros estamos ahora en un 17,3%, y eso a pesar de que en los últimos 19 meses hemos crecido en un 2,3%», explicaron desde el departamento que dirige Ángel Luis Ortiz, que recordaron que, en cualquier caso, aunque la clasificación penitenciaria es una decisión administrativa, la última palabra la tiene siempre el juez. 

MELCHOR SÁIZ-PARDO