Cuatro cárceles al menos de las que gestiona el Estado carecen de médicos en plena pandemia de coronavirus. Este dato es suficientemente ilustrativo de la situación en que se encuentra la sanidad penitenciaria, con casi la mitad de los puestos vacantes, según información facilitada por el sindicato CSIF al diario El Independiente. Ello ha llevado al Ministerio del Interior en los últimos meses a lanzar dos convocatorias de empleo en las que no ha exigido a los aspirantes estar en posesión de la especialidad.

Falta de médicos

Los centros penitenciarios de Cuenca, Santa Cruz de la Palma (La Palma), Ocaña I (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) no cuentan en este momento con ningún médico. Según esta organización, esta situación provoca que el servicio tenga que ser prestado por personal de enfermería o derivando a hospitales cercanos.

Tampoco hay facultativos en los Centros de Inserción Social (CIS) Carmela Arias y Díaz de Rábago (A Coruña), David Beltrán Catalá (Huelva), Evaristo Martín Nieto (Málaga), Guillermo Miranda (Murcia), Joaquín Ruiz-Giménez (Palma de Mallorca), Luis Jiménez de Asúa (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), Manuel Montesinos (Algeciras, Cádiz), Matilde Cantos (Granada), Melchor Rodríguez (Alcalá de Henares, Madrid), Mercedes Pinto (Santa Cruz de Tenerife), Torre Espioca (Picassent, Valencia) y Victoria Kent (Madrid), según la misma fuente.

En la prisión de Valencia tan sólo hay cuatro de los 20 que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), mientras que en Navalcarnero (Madrid) hay más puestos sin cubrir (12) que ocupados (11). Tampoco es mucho más halagüeña la situación en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, que tiene asignada una dotación de diez facultativos y ocho plazas están hoy vacantes.

El reverso de la moneda lo representan las cárceles de Albacete, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ourense, Soria y Teruel, donde los facultativos que ejercen en la actualidad son los previstos. Quedan excluidos del análisis las cárceles catalanas -gestionadas por la Generalitat- y las vascas, en las que la sanidad penitenciaria está transferida desde hace años al Gobierno regional.

Mayoría de edad elevada

Desde agosto de 2018, el Ministerio del Interior trabaja para que, en cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, sean las comunidades autónomas las que asuman los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Prisiones. La integración debería haberse hecho efectiva a finales de noviembre de 2004 -al cumplirse 18 meses desde la entrada en vigor de la citada norma- y sigue sin plasmarse 16 años después.

La plantilla de médicos en Instituciones Penitenciarias está formada por 467 profesionales, si bien tan sólo hay actualmente 241 (menos del 52 %). La citada organización sindical advierte de que la edad media es tan elevada que el «95 %» de los médicos -la mayoría pertenece a las clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)- estará en disposición de jubilarse en el plazo máximo de dos años. «La sanitad penitenciaria está absolutamente maltratada por la Administración. Sin embargo, los profesionales de enfermería, los auxiliares y los médicos están superponiéndose a esa situación y se está haciendo un trabajo brillante», sostiene el coordinador de Sanidad Penitenciaria en CSIF, Francisco Amaya.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por Interior, con fecha de 25 de noviembre, han sido 693 los internos que se han contagiado por coronavirus desde que se declaró la pandemia en marzo (85 en la primera y 608 en la segunda). Hay activos 188 casos, cursando la mayoría de forma asintomática. En el caso de los funcionarios, se han infectado ya 892.